La violencia contra la mujer se ha incrementado este año en un 8,5% en Colombia y 6.000 fueron asesinadas en el último lustro, siendo el hogar el sitio donde más ocurren estos casos, de acuerdo con la información dada a conocer a comienzos de noviembre por el director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés.

Las cifras y el llamado del funcionario a buscar soluciones distintas a castigos más severos a los agresores invitan a comprender que el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres implica el respeto a su dignidad y la garantía integral de sus derechos, como la salud, que no debe ser visto como ausencia de enfermedades, sino “el grado máximo de bienestar posible que una persona puede alcanzar”. Así lo señalan las Naciones Unidas y lo contempla la ley 1257 de 2008, que dicta normas de prevención, sensibilización y sanción de las violencias contra las mujeres.

Lo que refiere el director nacional de Medicina Legal coincide con las recomendaciones plasmadas en el estudio “Representaciones sociales de las violencias contra las mujeres por parte del personal de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en Barranquilla”, realizado durante 2016 por las investigadoras Paula Márquez Vásquez, Dhayana Fernández Matos y María Nohemí González, del grupo Estudios de Género, Familias y Sociedad de la Universidad Simón Bolívar.

Para este trabajo fueron encuestados 54 funcionarios de nueve IPS ubicadas en las cinco localidades de la capital del Atlántico. Entre los resultados que arrojó está que más de la mitad, el 55,6%, desconocía la existencia de distinta normativas nacionales e internacionales para el abordaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pese a que la Ley 1257 impone a las empresas promotoras de salud competencias en la atención de estas pacientes.

“Ello se constituye en una barrera en la garantía del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres, en la medida que no se saben cuáles son las competencias y obligaciones que se tienen desde el área donde se labora”, subraya la investigadora Márquez.

Este análisis está compilado en el libro ‘Sexualidad, Pobreza, Violencia y Estereotipos’, cuya primera edición salió el año pasado bajo el sello editorial Unisimón. Se desarrolló a partir de una beca de Colciencias y, para su elaboración, se tomó como referencia la segunda medición nacional del ‘Estudio sobre tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres’ de la Presidencia, con apoyo de ONU Mujeres y otras entidades de cooperación internacional.

Menos prejuicios, más capacitación
Al interior de las nueve IPS fueron seleccionados, a través de un muestreo aleatorio, tres trabajadores asistenciales y tres administrativos que tuvieran contacto directo con las pacientes, para lograr una muestra de 54 personas. Todos respondieron preguntas encaminadas a establecer qué tantos prejuicios tenían en torno al tema y su conocimiento sobre las leyes que sancionan la violencia de género.

Con las respuestas se pudo concluir que, aunque más del 80% se mostró en desacuerdo con la afirmación “lo que pasa en el espacio privado no es responsabilidad de las instituciones”, siguen existiendo creencias basadas en estereotipos de género que pueden incidir en la respuesta institucional por parte de los centros asistenciales.

La investigadora Fernández Matos advierte que “acabar esas representaciones sociales permitirá formar una sociedad más equitativa y justa en camino a la prevalencia de los derechos humanos”.

Por ejemplo, cita el estudio, 57,1 % de las personas encuestadas cree que “hay casos de violencia de pareja en los que pareciera que a la mujer le gusta que le peguen”; otro 46,9 % de los funcionarios manifestó estar de acuerdo con la afirmación “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen”; 40,8 % consideró que “los violadores son, por lo general, hombres que no pueden controlar sus instintos sexuales”, y 59,1 % coincidió en que “cuando los hombres están bravos es mejor no provocarlos”.

Una solución propuesta por este análisis apunta a que se refuercen los procesos de sensibilización, capacitación y formación del personal de la IPS sobre la atención de mujeres víctimas de violencia de género. “Es preciso advertir que un taller de mediodía o una charla no son suficientes; debe dársele herramientas teóricas para asegurar la protección integral que la paciente requiere”, sostiene la investigadora González.

Más que judicializar
En esta investigación de Unisimón se detectó además que debe superarse la visión de judicialización de los agresores como única alternativa de respuesta frente a los casos de ataques. Si bien es importante, se recomienda que no sea la primera o única alternativa de respuesta para garantizar que sean visibles las necesidades de las víctimas de una atención y una protección “integrales” de sus derechos.

“El Estado colombiano debe revisar y replantear las medidas para la erradicación de la violencia, ya que la violencia de género sigue siendo un problema de salud pública de grandes proporciones, pese a que se han incrementado las sanciones, promulgado nuevas leyes y han otorgado a las mujeres información”, afirma Fernández Matos.

De acuerdo con el estudio, urge que los funcionarios de los servicios de salud estén informados sobre las rutas de protección para brindar el acompañamiento que requiera cada caso, contar con protocolos de atención y conocer el modo en que deben operar. Lo anterior no mejorará, sin embargo, si persisten representaciones sociales basadas en prejuicios, se mantendrán las distancias entre el funcionario y su deber para con una mujer-víctima-paciente.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, en inglés) ha señalado que los Estados partes –como Colombia– deben tomar medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para minimizar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole, basados en la idea de la inferioridad o superioridad de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

“Vencer las representaciones sociales que le han impedido a las mujeres gozar de una atención integral de salud, de acuerdo con sus necesidades, se convierte en un componente fundamental para garantizarles una vida libre de violencias”, concluyen las autoras de este trabajo.