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La estructura institucional del Estado es uno de los aspectos más difíciles de transformar. El Gobierno Central ha primado desde 1886.

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*Por Lucía Tarazona - Investigadora del Centro de Investigación e Innovación Social José Consuegra Higgins

La Constitución de 1991 abrió la posibilidad de que se modificara la estructura territorial confirmando la elección popular de alcaldes y aprobando la de gobernadores, y de que se dictara un nuevo ordenamiento territorial. Han pasado casi dos décadas y no avanza mucho la transformación territorial en Colombia, la presencia del Estado en casi inexistente en muchos territorios del país dominados por grupos armados.

Coincidiendo con la discusión parlamentaria, esta semana en Mompox se reúne la comunidad académica en honor a Orlando Fals Borda quien en la Constituyente de 1991 lideró el cuestionamiento del orden territorial que respondía más a interéses económico-políticos y dejaba en el abandono regiones importantes como el sur del Caribe. Si bien la Constitución consagró instrumentos descentralizadores para el desarrollo social, la Nación ha tenido en diversos gobiernos iniciativas constitucionales y legales para aumentar el poder central de determinación del gasto.

Con el Proceso de Paz firmado en 2016 ha surgido la esperanza de los planes de desarrollo territorial, una voz de las comunidades locales para construir el Estado en los municipios afectados por la violencia. Ejercicio muy valioso para construir presencia local del Estado en respuesta a las necesidades y esfuerzos locales.

La construcción de autonomía regional es fundamental en la transformación del país, implica que en las regiones surja un Estado vigoroso capaz de proyectar y desarrollar una visión de futuro a mediano plazo. Es allí donde pueden confluir los esfuerzos fiscales territoriales con el apalancamiento de recursos de la región y el país, siempre dando prelación a construir un Estado local sólido. Es posible, habrá que transformar el papel de la Nación y también de los departamentos. 

Está cuestionado el modelo clientelar en el que la Nación se apropia de las mayores rentas y los demás entes territoriales deben acudir a pedir ayuda y al final mantener minoría de edad y menor autonomía. Construir regiones con autonomía y capacidad de decisión es el ideal de los entes territoriales y la Nación y los entes intermedios deben contribuir a tal transformación.