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César Palomino Cortes participó en el X Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Unisimón. El funcionario recibió una distinción por ser egresado del programa de Derecho.

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, aseguró durante su participación en el X Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Unisimón: ‘Medio ambiente, interacciones humanas y políticas públicas’, que paradójicamente siendo Colombia un país con dos potencialidades como la minería y la biodiversidad esto le ha traído grandes problemas por las cuantiosas demandas en estas áreas.

Con su conferencia titulada ‘Minería en zonas de protección ambiental en Colombia’, Palomino Cortes participó en el segundo día del congreso realizado en el teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, en la jornada correspondiente a los programas de Derecho y Ciencias Políticas y Gobierno.

Desde la entidad que dirige, encargada de defender a la nación en los litigios más grandes y cuantiosos que tiene a nivel nacional e internacional, aseguró que “encontramos que Colombia tiene demandas billonarias originadas justamente en estas dos potencialidades que son la minería y el medio ambiente. En el sistema de datos que tiene la Agencia hemos encontrado que el país tiene condenas por el tema ambiental de más de 1.5 billones de pesos y tiene procesos en trámite a nivel nacional por casi 10 billones de pesos. Demandas originadas en lo que debería que ser una potencialidad”.

A nivel internacional, en arbitrajes de inversión que se cursan en los tribunales de las cortes permanentes, Colombia tiene por lo menos 7 litigios que “valen cualquier cantidad de dinero si llega a ser condenada la nación por empresas multinacionales que la demandan”.

Considera Palomino Cortés que las múltiples demandas que enfrenta la nación se deben a la falta de políticas públicas claras sobre ambos temas. “En anteriores gobiernos lo que se implementó fue vender a Colombia como un país minero en donde la minería era la razón de la inversión, y se creó al interior de la Agencia Nacional de Minería lo que se llamó la Ventanilla Minera, un sitio en donde se podían radicar todas las solicitudes de concesión minera o de títulos mineros y los requisitos para que se le otorgaran no eran de mayor exigencia. Esa era la política pública del momento para traer capital extranjero a invertir en Colombia”.

Anotó el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que el problema se origina al no existir una coordinación entre las autoridades mineras que otorgaban los títulos o concesiones, con las autoridades ambientales. “Se piensa entonces que dentro del mismo estado o gobierno debería haber una comunicación fluida y una regulación que permitiera que esos contratos mineros se otorgaran en el marco de lo que se llama y denomina la Constitución como el desarrollo sostenible. Que no se afectaran con esta actividad minera las zonas de especial protección ambiental como son los páramos, los ríos, los manglares, los arrecifes, los lagos y los nacimientos de ríos”.

Aseguró además, que como esos títulos se autorizaban de manera electrónica y sin mayor confrontación muchos de ellos afectaban las áreas de especial protección ecológica y cuando empezaba la exploración y la explotación por parte de las compañías extranjeras, las comunidades comenzaban a reclamar por la afectación en sus territorios. “Se presentaron reclamos por la contaminación con mercurio en el río Atrato en el Chocó; en el páramo de Santurbán entre Santander y Norte de Santander y en las minas de Buriticá en Antioquia y es allí cuando entraba la autoridad ambiental a tomar medidas en el asunto y muchas veces les negaba las licencias y les cerraba los proyectos, lo que llevaba a las compañías extranjeras a demandar ante tribunales internacionales al país”.

Finalizó diciendo que afortunadamente una sentencia del Consejo de Estado, considerada como un hito, ordenó el relacionamiento entre las entidades públicas del Estado para que haya una comunicación más fluida que evite nuevas demandas billonarias contra la nación. Sin embargo, considera que “falta una ley en Colombia que regule el tema de articulación de la actividad minera y la actividad ambiental”.
Distinción como egresado

Luego de su conferencia, César Palomino Cortés recibió una distinción por parte de los organizadores del congreso por ser egresado el programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar y ocupar en la actualidad un alto cargo en el gobierno nacional. La placa la recibió de manos de la directora del programa, Patricia Guzmán González.
 

Patricia Guzmán, directora de Derecho, entrega la distinción como egresado del programa.