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Columna publicada el 23 de agosto de 2021 en El Heraldo

Como educador, padre de familia y ser humano me horrorizan y entristecen en grado sumo las noticias de delitos en las que las víctimas son niños, sobre todo de las conductas criminales tan infames como las agresiones sexuales que, lamentablemente, se registran con frecuencia en Colombia. La situación es tan grave que, entre 2010 y 2020, un total 190.671 niños fueron víctimas de este terrible delito en el país, es decir, un promedio de 64 casos diarios, según datos de la Fiscalía revelados en el Senado.

Por ello, la entrada en vigencia del acto legislativo que impone la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes era una deuda de la sociedad colombiana con la niñez, a fin de castigar severamente estas conductas deleznables, pero, ante todo, para enviar un mensaje disuasivo a quienes pretendan cometerlas, como medida de prevención. La Ley Gilma Jiménez, cuyo nombre honra a la fallecida senadora que fue una de sus principales impulsoras, contempla también la resocialización del condenado a través de una revisión de la pena luego de 25 años de cárcel. 

A esta importante norma se sumarán otras que la complementarán como el proyecto de ley en curso para la imprescriptibilidad de las conductas de homicidio y el abuso sexual de niños y adolescentes.

Estos mecanismos que en buena hora se implementan tienen que ir de la mano de una justicia oportuna y efectiva que identifique, juzgue y sancione a los responsables, lo mismo que de unas políticas públicas carcelarias que se dirijan a resocializar a los perpetradores de estas atrocidades, como es responsabilidad del Estado. Un estudio publicado en la Revista Española de Investigación Criminológica (2006) señala que “en la actualidad se dispone de buenas estrategias psicológicas para el tratamiento de los agresores sexuales, a un nivel de desarrollo técnico comparable al de otros campos de la intervención psicológica (Budrionis y Jongsma)”.

Otra inquietud que queda abierta, objeto de análisis frecuente, alude a si es posible la rehabilitación de los responsables de estos delitos. Las posiciones al respecto son encontradas al igual que sobre la idoneidad de la cadena perpetua para ello que, incluso, algunos sectores califican como “populismo punitivo”. 

Hoy, lo más importante para la prevención sigue siendo el cuidado cercano de los menores, dado que en la mayoría de los casos el agresor es un miembro de la familia o alguien cercano. Es imprescindible hablar de este tema con los menores para que aprendan a proteger su intimidad física, darles confianza para que comenten cualquier inquietud al respecto y, sobre todo, evitar riesgos como dejarlos a solas con otras personas o enviarlos a lugares donde eventualmente puedan correr peligro. En estos casos, es mejor pecar por exceso que por defecto.

Sin duda, la cadena perpetua es una herramienta poderosa para enfrentar estos actos atroces. Adicionalmente, deben fortalecerse la prevención del delito y el cuidado de los menores, así como la atención eficaz de las víctimas.