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Columna publicada el 31 de octubre de 2021 en El Espectador

Es latente la necesidad de inversiones efectivas que garanticen el acceso equitativo a los instrumentos de la era digital y acciones contra la deserción escolar.

El mundo avanza en su adaptación a la nueva normalidad impuesta por la pandemia de COVID-19. Diferentes sectores de la sociedad ya han realizado los ajustes de sus procesos para recuperarse del impacto negativo en morbimortalidad, en recesión económica, en cuanto a pobreza y desempleo. Igualmente, se han encaminado a enfrentar los desafíos obligados ante las calamitosas medidas de aislamiento social, suspensión de la actividad productiva, cierre de colegios y universidades, etc., impuestos a raíz de la crisis sanitaria.

Sin embargo, como consecuencia de esta temporada agreste que la humanidad aún no supera y que sigue cobrando víctimas mortales, se agudizaron problemáticas profundas y de vieja data que golpean especialmente a los países de América Latina. Tal es el caso del gran rezago educativo, ahondado por la falta o el deficiente acceso a las herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje, que se ha convertido en una brecha creciente. Estamos hablando de uno de los más graves efectos de la pandemia, causante del atraso en el aprendizaje de las generaciones actuales, factor que impactará en la disminución de oportunidades de movilidad social y desarrollo, y como caldo de cultivo para el incremento de la pobreza.

En intervención reciente sobre los retos pospandemia de la región, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, se refirió al “riesgo de una generación perdida”, detallando que 167 millones de estudiantes perdieron hasta un año de escolaridad presencial, al igual que 3,1 millones de estudiantes están en riesgo de abandono escolar y de consecuencias como el aumento de la violencia y la exposición al trabajo infantil. En cuanto al impacto potencial en los resultados de escolarización y aprendizaje, una simulación publicada por el Observatorio de Investigaciones del Banco Mundial estima una pérdida de entre 0,3 y 1,1 años de escolaridad y la reducción de los años efectivos de escolaridad básica en la vida de los estudiantes de 7,8 años a entre 6,7 y 7,5 años.

Sobre la brecha digital, un informe de Unicef y la Unión Internacional de Telecomunicaciones especifica que 2,2 mil millones de niños y jóvenes de 25 años o menos, lo que equivale a más del 65 % de jóvenes en el mundo, carecen de acceso a internet en sus hogares. La situación empeora en las zonas rurales. En el caso de Colombia, la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, publicada en septiembre, reveló que el 56,5 % de los hogares colombianos contaban en 2020 con acceso a internet (66,6 % en cabeceras urbanas y 23,9 % en áreas rurales) y apenas el 39,3 % afirmó tener un computador. “La falta de conectividad es una barrera que evitará que niños y jóvenes accedan a formas efectivas e interactivas de aprender en el futuro”, se advierte en el informe mundial sobre conectividad.

Es latente la necesidad de inversiones efectivas que garanticen el acceso equitativo a los instrumentos de la era digital, que faciliten la implementación de métodos híbridos que coadyuven en el fomento de las medidas de autocuidado, así como acciones contra la deserción escolar que identifiquen las causas puntuales y generen soluciones para afrontar esta catástrofe de desigualdad educativa.

Concientizarnos de la existencia de este nuevo rostro de la desigualdad y su gravísimo impacto mundial y, al mismo tiempo, actuar frente a ello, son desafíos que no se remiten exclusivamente al sector educativo, sino que abarcan todas las esferas de la sociedad; urgen medidas correctivas de carácter colectivo que salden la deuda con esta generación de jóvenes y las próximas, ya que está en juego el desarrollo global de la sociedad.