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Columna publicada el 11 de julio de 2022 en El Heraldo

Hace muy pocos días, la ciudad autónoma española de Melilla y San Antonio, Texas, en Estados Unidos, fueron epicentro de sendas tragedias derivadas de situaciones migratorias en las que perecieron un total de 90 personas, que buscaban mejores oportunidades de vida, desplazándose hacia Europa y EE.UU., respectivamente.

La primera ocurrió el pasado 24 de junio, luego de que más de 2000 migrantes africanos intentaran alcanzar la ciudad de Melilla, localizada en el norte de África. La caída de una valla y una estampida posterior provocaron la muerte de 37 personas, según la versión oficial. Las imágenes de los cuerpos apilados que trascendieron en los medios de comunicación fueron totalmente desgarradoras. Tras la situación, organismos como la ONU cuestionaron el uso excesivo de la fuerza de parte de las autoridades, recalcando que los derechos humanos de los migrantes deben ser priorizados. 

Cuatro días después, el 28 de junio, 53 personas fueron halladas muertas en un tráiler estacionado en San Antonio. La mayoría de las víctimas eran mexicanas, quienes, junto a guatemaltecos y hondureños, intentaban migrar y asentarse ilegalmente en Estados Unidos, para lo cual acudieron a los inhumanos ‘coyotes’ que se lucran de esta práctica. Los sobrevivientes han relatado las deplorables condiciones de este viaje mortal y el sufrimiento y vejámenes a los que fueron sometidos. 

Esta crisis humanitaria es de una dimensión tan abismal que solo entre 2014 y 2021, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró 5755 muertes durante viajes migratorios en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Este año han fallecido 650 personas al intentar atravesar la frontera entre México y Estados Unidos.

Lamentablemente, nuestro país es también fuente de migrantes ilegales y parte del recorrido de los caminos migratorios hacia los Estados Unidos. El Tapón del Darién, en la frontera con Panamá, es un sitio crítico; de hecho, aunque la OIM documentó 157 muertes entre 2014 y 2021, de las cuales 42 ocurrieron el año pasado, se estima que hay un “enorme subregistro” de fallecidos.

Otra causa importante de migración es la violencia social y la guerra que, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, fueron 89,3 millones en 2021, equivalente a un aumento del 8 % frente a 2020 y más del doble de la cifra de hace diez años, siendo los focos principales la guerra en Ucrania y los conflictos en Afganistán y algunos países africanos. En cuanto a Latinoamérica, la mayor migración forzada por problemas sociales la vive Venezuela. 

La pandemia acrecentó la pobreza extrema, el hambre y la desigualdad social en el mundo, así como también disminuyeron ostensiblemente las oportunidades de trabajo, motivando al abandono del terruño y a la búsqueda de alternativas en otros países. Es perentorio implementar acciones supranacionales mancomunadas que les proporcionen seguridad y oportunidades a los migrantes, privilegiando sobre todo la vida en dichas circunstancias. Migrar no puede ser una sentencia de muerte.