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Columna publicada el 13 de marzo de 2023 en El Heraldo

Tristemente, no solo por los efectos de la pésima imagen global del país sino por las nefastas consecuencias de desplazamiento forzado, inseguridad, violencia y muerte que viven las poblaciones en permanente conflicto social, Colombia aparece nuevamente en una deshonrosa ubicación en el ranking de ciudades más violentas del mundo. Seis municipios están posicionados en el listado de los cincuenta con más hechos violentos, incluyendo dos de los principales destinos turísticos nacionales: Santa Marta (puesto 37) y Cartagena (47); así como también aparece Cali, catalogada como la más violenta del país y en la posición 32 de este ranking, lo mismo que Buenaventura (43), Palmira (48) y Cúcuta (49).

La lista, dada a conocer recientemente, fue elaborada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México teniendo en cuenta ciudades de más de 300.000 habitantes con las más altas tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2022.

Por la relevancia de las estadísticas, el presidente Gustavo Petro reaccionó en Twitter publicando el listado y señalando que “Colombia ha avanzado mucho en la reducción del homicidio y aún se puede hacer más”. De hecho, el año pasado fueron cometidos 13.058 homicidios en el territorio nacional, lo que supuso una leve disminución del 2,78 % frente a 2021. Sin embargo, se registra un incremento en la comisión de delitos tales como hurtos, secuestros y extorsiones, etc.

A esta crítica realidad se suman otras expresividades de violencia en las que, lamentablemente, también llevamos liderazgo mundial, como la expuesta en el Informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado el pasado 3 de marzo, que resalta que durante 2022 fueron registradas 92 masacres que dejaron 321 víctimas fatales en el territorio nacional, equivalente a un aumento del 20% con relación a 2021. En el mismo periodo fueron asesinados 116 defensores de derechos humanos.

El tema amerita toda la atención y la acción de las autoridades y la sociedad. Es imprescindible reforzar las políticas públicas de seguridad ciudadana, con estrategias para continuar luchando frontalmente contra la delincuencia y la criminalidad, y acelerar las negociaciones con las organizaciones al margen de la ley hacia su desarme o su desmantelamiento, la protección de las comunidades en riesgo y acciones preventivas como la intervención de los factores sociales que son caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia.