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Columna publicada el 29 de mayo de 2023 en El Heraldo

Durante sus dos siglos de existencia republicana, Colombia ha perdido, por lo menos, un millón de kilómetros cuadrados. En 1903 se separa Panamá, que totalizó una disminución de 75.500 km2 del territorio nacional. 

Así mismo, perdimos un vasto territorio de la Orinoquía y la Amazonía, con Brasil y Perú, mientras que con Venezuela perdimos mar territorial y los islotes de Los Monjes y, aún, se mantiene un diferendo por el Golfo de Coquivacoa. 

En 2012, nuestro país perdió nada menos que 76.000 km2 de mar Caribe, incluidos cayos colombianos, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, que definió de esta manera parte del diferendo limítrofe con Nicaragua por la soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia, cercenando así, no solo, una importantísima área de sustento para los raizales sanandresanos, sino una reserva natural de vital trascendencia para el planeta. 

Si bien en 1928 quedaron definidos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, a través del Tratado Esguerra-Bárcenas, las reclamaciones del segundo llegaron hasta La Haya, con la denuncia formal en 2001 que derivó en esta lamentable decisión que hoy mantiene en vilo a nuestra querida población raizal, pues, lejos de haber terminado, el diferendo limítrofe sigue vivo pues aún falta por definirse la última demanda nicaragüense por la plataforma continental, interpuesta en 2013 ante la CIJ. 

Este tema lo aborda de manera magistral el expresidente de la República, Ernesto Samper Pizano, en su libro ‘El calvario de La Haya’, presentado con un nutrido conversatorio en la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla. El texto aborda tanto los orígenes del conflicto como revelaciones de primer nivel y fallas en la defensa colombiana que abrieron la puerta a esta amputación territorial. 

Sin embargo, más allá de juzgamientos sobre omisiones, posiciones equivocadas que llevaron a este golpe letal para la soberanía colombiana, es ideal que Colombia y, sobre todo el Gobierno, asuma la férrea defensa de los derechos de los raizales sanandresanos, los verdaderos dueños del maritorio, poseedores de una cultura única conectada con los pueblos creoles del Caribe y guardianes de la reserva de biósfera Seaflower que se expone al grave riesgo de exploraciones petroleras y las consecuencias que ello traería. 

En buena hora, el expresidente Samper pone nuevamente sobre la mesa este asunto que nos compete a todos como colombianos y que nos debe unir para proteger a San Andrés, su espacio marítimo y la plataforma continental.