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Lea aquí la columna publicada el 31 de julio de 2023 en El Heraldo

Una de las banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la universalización de la educación en todos los niveles, a través de la garantía de su acceso en condiciones de calidad, con propósitos de transformación y reivindicación social. En ese sentido, le presentó a la sociedad colombiana el borrador del proyecto de ley estatutaria para regular la educación como derecho fundamental, con el objetivo de promover un trabajo mancomunado de construcción y concertación que permita una reforma integral. 

Al ser aprobada la norma, la educación adquirirá la categoría de derecho fundamental para los colombianos, con la finalidad de “garantizar la formación integral inclusiva, equitativa, con calidad y el pleno desarrollo de la personalidad, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales”. Sin duda, es un escenario desafiante y ambicioso que implica transformaciones, ajustes y desarrollos puntuales, además de un presupuesto amplio para su ejecución.

La adopción de esta norma representaría un acto de justicia para la población históricamente marginada del acceso a la educación.    

Es oportuno que, en la propuesta oficial, el derecho fundamental a la educación esté interrelacionado con los elementos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.  Sumado a ello, se establecen los principios de universalidad, igualdad, inclusión, interculturalidad, eficiencia, progresividad, sostenibilidad y la protección a los pueblos indígenas, comunidades rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con sus costumbres, saberes y sistemas propios. 

Por tratarse de uno de los niveles con menor cobertura, el derecho fundamental a la educación inicial cobijará a todos los niños menores de seis años en los grados de prejardín, jardín y transición. También se destaca el derecho a la educación para adultos, a fin de erradicar el analfabetismo y atender las necesidades y potencialidades de esta población. Igualmente, se busca garantizar este derecho a las personas privadas de la libertad.  

Valoro en grado sumo la búsqueda de un camino mancomunado para reformar la educación y, en ese sentido, desde las agremiaciones del sector, las instituciones educativas y la sociedad en general, debemos participar activamente en el proceso de concertación para construir una ley marco que facilite una cobertura total, con calidad y pertinencia y, al mismo tiempo, coadyuve al cierre de brechas sociales.