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Lea aquí la columna publicada el 22 de enero de 2024 en El Heraldo

El asesinato de un fiscal a cargo de investigaciones contra bandas criminales y casos de corrupción, el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en plena transmisión en vivo, la fuga de uno de los criminales más peligrosos, tiroteos callejeros, entre otros, son algunos de los hechos acaecidos en el marco del estallido violento en Ecuador. Esta grave situación estuvo antecedida por el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio y el del alcalde de Manta, Agustín Intriago y otros casos. 

La crisis carcelaria y la inseguridad ciudadana son dos de las principales motivaciones de la reciente adopción del estado de excepción por el presidente Daniel Noboa, al declarar la existencia de un “conflicto armado interno” e identificar, una a una, a las más de veinte organizaciones criminales enraizadas en territorio ecuatoriano, a quienes les advirtió que “no negociaremos con terroristas”.

El fortalecimiento del crimen organizado es, sin duda, una de las principales amenazas a la democracia, igual que el surgimiento de gobernantes que encarnan actitudes populistas y autoritaristas que atentan contra el Estado de derecho.  

En medio de la zozobra que viven los ecuatorianos, preocupa que la institucionalidad se ubique al mismo nivel que la criminalidad, retando a sus cabecillas e, incluso, desdibujando la importancia del respeto por los derechos humanos. En Colombia, dolorosas experiencias nos enseñaron que no todos los medios son válidos para conseguir los fines deseados; por el contrario, se termina sembrando más sufrimiento e injusticia por ese camino. 

En América, el Informe sobre el estado global de la democracia 2023, del instituto Idea Internacional, advirtió que “la fatiga provocada por problemas de larga data de inseguridad, corrupción y exclusión económica, así como la retórica polarizadora adoptada por ciertos líderes, ha contribuido a cierto apoyo a la gobernanza antidemocrática a expensas del Estado de derecho, los derechos y los controles y equilibrios”.

La crisis de Ecuador impacta a nuestro país. Ya se anuncia la deportación de 1500 colombianos presos en cárceles ecuatorianas, que, sin ninguna planificación y acuerdos, pondría en riesgo la seguridad nacional al igual que fracturaría las relaciones binacionales. 

Esperamos que Ecuador supere esta crisis, con el apoyo y acompañamiento de sus países vecinos, ya que la inestabilidad política, la inseguridad, la corrupción, el avance del crimen organizado y el narcotráfico destruyen los cimientos de las sociedades democráticas.