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Lea aquí la columna publicada el 29 de enero de 2024 en El Heraldo

El caso de las ocho jóvenes colombianas cuya desaparición fue reportada en México y que, por fortuna, fueron halladas en buen estado de salud, el pasado 13 de enero, hacinadas en un motel en Tabasco, reactiva las alertas sobre la incidencia en Colombia del delito de la trata de personas, sobre todo de mujeres, quienes, bajo engaños o falsas promesas de empleo y buena remuneración, generalmente, terminan siendo víctimas de explotación sexual. 

Entre las informaciones que investigan las autoridades en México y en Colombia está que una estructura criminal asentada en nuestro país habría organizado el traslado de 70 colombianas a ese país, con el objetivo de “atender fiestas de fin de año”, la mayoría de ellas oriundas del Meta, Antioquia y Risaralda, reportó el periódico El Tiempo. 

Si bien las rescatadas en México afirman que viajaron por voluntad propia, las investigaciones dan cuenta de un modus operandi común y es que a las víctimas de trata les retienen los documentos y las obligan a saldar la deuda de su viaje y manutención con el ejercicio de la prostitución. De hecho, las autoridades en Colombia estiman que existe un amplio subregistro de afectadas por este delito. 

El Ministerio del Interior registró 264 casos durante 2023, lo que correspondió a un aumento de 103 casos frente a 2022 y que en los últimos cuatro años el número de víctimas creció un 154 %. Como se observa, hay un ostensible incremento de este grave delito. 

Dada la baja judicialización de estos casos, es preocupante que el número de víctimas detectadas a escala mundial descendió 11 % en 2020 con respecto al año anterior, debido al menor número de detecciones en países de ingresos bajos y medios. “La pandemia, además de reducir las oportunidades de actuación de los tratantes, puede haber debilitado la capacidad de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley para detectar a las víctimas”, advirtió la ONU en el Informe Mundial sobre Trata de Personas. Así mismo, la cantidad de condenas por este delito disminuyó 27 % en 2020, con regiones cuyos descensos son muy pronunciados, tales como Centroamérica y el Caribe (54%) y Suramérica (46%). 

La trata de personas es una de las peores formas de esclavitud en el siglo XXI: criminales que se aprovechan de las necesidades de las personas para someterlas y lesionarlas físicamente y en su dignidad. No solo es urgente adoptar estrategias para que la justicia los procese y acabar con este método de lucro abyecto sino, también, para, principalmente, proteger a las víctimas.