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Lea aquí la columna publicada el 1 de abril de 2024 en El Heraldo

Una de las graves problemáticas que atropella a los residentes de la región Caribe es, indudablemente, el elevado costo del servicio de energía eléctrica. No es una situación exclusiva de un estrato socioeconómico, afecta a toda la población y, en lugar de vislumbrarse una salida pronta y efectiva, ha llegado a límites insostenibles y continúa empeorando. 

Grosso modo, el aumento del valor del kilovatio ocasionado por el impacto del fenómeno del Niño en el valor de la generación eléctrica y la incorporación a la tarifa de la gestión de control de pérdidas no técnicas, es decir, el traslado de las pérdidas a los usuarios, golpean fuertemente el costo final que deben pagar los costeños.

Muchas familias deben decantarse cada mes entre pagar el consumo de electricidad y solventar necesidades tan básicas como los alimentos, asumiendo, incluso, préstamos u otras soluciones exprés para evitar la suspensión de un servicio tan indispensable, mucho más en medio de la intensidad de nuestro clima cálido. De igual manera, los establecimientos de comercio y factorías se ven en apuros para cumplir con esta obligación, con el riesgo de la quiebra encima.

Es preocupante que, junto a la problemática social registrada, el costo de la electricidad también sea un desencadenante de alteraciones del orden público por la grave afectación a las comunidades que cuentan con electrificación subnormal y que, por retrasos en los pagos, sufren suspensiones frecuentes, además de los inconvenientes que vive toda la región por la deficiente calidad en el servicio, por lo que también es urgente la optimización de la infraestructura eléctrica regional.

Como bien lo mencionó el exministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, en su intervención en la XII Cátedra América Latina José Consuegra Higgins, en la Universidad Simón Bolívar, la brecha socioeconómica y la diferencia de costos de los servicios públicos entre la región Andina y la Caribe sigue ampliándose y, por ello, es un imperativo la atención eficaz del problema de la energía que por tanto tiempo nos ha venido perjudicando.

Confiamos en que las gestiones que realizan los mandatarios departamentales y municipales y los parlamentarios, con el acompañamiento activo ciudadano, tengan eco en el Gobierno Nacional para que, de una vez por todas, se aplique la justicia tarifaria y, en consecuencia, se logre la equidad que tanto requiere nuestra región frente a este servicio, tanto para el bienestar de los hogares como para la competitividad regional.