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Lea aquí la columna publicada el 15 de julio de 2024 en El Heraldo 

Por norma constitucional, los niños en Colombia tienen el derecho fundamental a recibir una alimentación adecuada y a estar protegidos contra el hambre y la desnutrición, para su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus otros derechos como la vida misma, la integridad física, la salud y la seguridad social, entre otros. A pesar de ello, nuestra triste realidad nacional es la reiterada violación de este derecho, que está bajo la responsabilidad de los padres, la familia y el Estado. 

La inasistencia alimentaria muestra un claro comportamiento ascendente, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y Amazonía, con ritmos de crecimiento que superan el promedio del mundo e, incluso, el África Subsahariana. 

En un estudio sobre esta problemática, presentado el mes pasado, la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia corroboraron el ascenso de casos de niños menores de 5 años con desnutrición moderada y severa y los decesos por esta causa.  

Un total de 1748 menores de 5 años perecieron por desnutrición y causas asociadas entre 2017 y 2023, mientras que entre enero y el 15 de junio del presente año 123 niños fallecieron por esta situación. 

Según el informe, la población indígena presenta la mayor vulneración, en especial, la etnia wayuu. En 2023, las comunidades indígenas representaron el 20,8 % y el 5,2 %, las comunidades afrocolombianas. Preocupa también la población migrante, con 211 afectados ese año. 

El informe analiza la conexión directa entre los derechos a la alimentación, a los servicios de salud y al acceso al agua potable y, al respecto, indica: “La situación de pobreza expresada en diferentes formas en los pueblos indígenas, las múltiples vulnerabilidades como la falta de acceso a agua potable, la dificultad en el acceso a alimentos ricos de nutrientes o proteicos, entre otros, son posiblemente los grandes factores que determinan la problemática de desnutrición que enfrentan niños y niñas menores de 5 años en el país”.

Hoy, los entes gubernamentales focalizan la atención en departamentos con altas tasas como La Guajira, Chocó y Guaviare, pero, al ser una problemática de carácter nacional, es deber del Estado velar por la nutrición de los niños, en especial los más vulnerables, fortaleciendo la política pública y los programas gubernamentales contra el hambre, la pobreza, el desempleo, la carencia de servicios públicos y la falta de acceso a servicios de salud.