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Lee aquí la columna publicada el 24 de agosto El Heraldo  

Por José Consuegra Bolívar 
@Rector_Unisimon 

Éramos muchos y parió la abuela, dice la vieja frase que bien aplica a la crisis que vive el país. Siendo la cobertura educativa en Colombia un desafío estructural de vieja data, en especial en los departamentos periféricos y las zonas rurales, esta triste realidad empeoró con el terremoto del pasado 10 de agosto que golpeó a 15 departamentos y 476 municipios y causó graves daños a la infraestructura educativa de dichos entes territoriales. Además, a las consecuencias del fenómeno natural se suman las profundas vulnerabilidades de territorios como el Chocó, departamento más golpeado y con mayor número de poblaciones sumidas en la pobreza, el abandono y la desigualdad social.

Los últimos datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo indican que 3483 centros educativos en todos los niveles de la educación sufrieron daños, afectando la continuidad académica de más de 400 000 niños y jóvenes. En cuanto a la educación superior se presentaron daños en más de 11 universidades.

Para atender esta contingencia, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional, implementó una ruta de atención que contempla cuatro fases: respuesta inmediata, acogida y estabilización, continuidad educativa y recuperación. Incluyen mesas de trabajo con los entes territoriales afectados para determinar las necesidades y garantizar la continuidad del servicio educativo, aulas temporales y carpas de emergencia en las áreas con daños severos, flexibilización de la ubicación de docentes y tutores, entre otras acciones. Así mismo, se redireccionaron USD 48 millones del actual Programa de Espacios Educativos, financiado por la CAF, para priorizar la reconstrucción de instituciones educativas, con especial atención en el Chocó. En este marco, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por treinta días para proceder a la movilización de recursos que financien las obras pertinentes.

En el centro de este sismo educativo está el riesgo de deserción escolar, respecto a lo cual un análisis de Uniandes, basado en la pandemia, advierte la necesidad de identificar dónde están los estudiantes, priorizar aprendizajes fundamentales, revisar currículos, fortalecer el diálogo pedagógico entre profesores e involucrar a las familias.

El proceso de reconstrucción también amerita el acompañamiento emocional y sicológico a las comunidades académicas golpeadas para hacer tolerable el regreso a los espacios escolares, luego de un evento tan catastrófico en el que muchos perdieron a sus familiares y todas sus posesiones materiales.